Los padres de los alumnos exigieron su renuncia tras las denuncias por abuso, bullying y consumo de drogas y aseguraron que la docente fue amenazada y se dispuso su licencia. La comunidad educativa de la Escuela Delfín Leguizamón atraviesa días de tensión.
Según trascendió, cerca del 60% de los estudiantes no quiere asistir a clases.
Alejandro Williams Becker, subsecretario de Políticas Educativas del Ministerio de Educación, explicó que la intervención comenzó el lunes tras reportarse una serie de episodios en el establecimiento. “Intervenimos para acompañar al equipo docente y directivo en la aplicación de protocolos, ante la posible vulneración de derechos, pensando siempre en el interés superior del niño”, señaló.
Según detalló, en las primeras declaraciones no hubo correlato entre las acusaciones difundidas en medios y los hechos registrados en actas. “Los episodios que se relatan tienen que ver con conductas inapropiadas y se llegó a un acuerdo con una serie de medidas que incluye una derivación a un profesional y un abordaje interdisciplinario. No es competencia del Ministerio de Educación brindar acompañamiento psicológico, eso corresponde al Ministerio de Salud”, explicó.
Williams Becker remarcó la necesidad de tratar el tema con responsabilidad. “Cuando hablamos de menores, los menores son víctimas en todos los casos y debemos resguardarlos. Se hizo mucho daño esta semana acusándolos en los medios de cosas que después no se verificaron”, advirtió. También aclaró que no se constató ninguna situación que amerite la intervención de la Asesoría de Menores ni de la Secretaría de Infancia.
Durante las reuniones con las familias surgieron reclamos hacia la directora, que incluso derivaron en amenazas graves. “Hubo amenazas de violencia física que ponen en riesgo su integridad. Como primera medida se dispuso su licencia y el traslado a otro establecimiento, para garantizar su seguridad. Estamos evaluando cómo restablecer el servicio educativo con una nueva autoridad a cargo”, informó el funcionario.
El objetivo ahora es retomar la actividad escolar con normalidad y continuar el seguimiento acordado con las familias. “El servicio educativo debe garantizarse porque es un derecho de los niños y es responsabilidad de todos”, concluyó Williams.
