La mujer admitió haber cargado en el sistema aptos médicos apócrifos correspondientes a personas que tramitaban licencias de conducir.
Desde el 8 de abril pasado que una mujer estaba detenida sospechada de haber emitido más de 3 mil certificados de salud de manera ilegal desde una clínica de la ciudad de Salta. El viernes último, la Justicia decidió condenarla a 2 años y 5 meses de prisión en suspenso por el delito de administración fraudulenta. En el juicio abreviado, la ex empleada administrativa de la Clínica Cruz Azul SRL reconoció ser autora.
El fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal como parte acusadora. La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, homologó el acuerdo alcanzado por las partes y condenó a María Macarena Porcel García, además del cumplimiento de reglas de conducta por tres años. Como forma de reparación se dispuso que los 294.860 pesos y 1.050 euros secuestrados, queden a favor de la clínica. Asimismo, deberá abonar $15.000.000 en cuotas al nosocomio.
La intervención del Ministerio Público Fiscal se inició a partir de la denuncia formulada el 23 de diciembre por el apoderado de la empresa Clínica Cruz Azul SRL contra Porcel García. Según lo expuesto, la clínica, prestadora de estudios psicofísicos para licencias profesionales por adjudicación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), detectó la posible emisión de recibos por prestaciones no rendidas y la carga en el sistema oficial (REPRE) de certificados de aptitud correspondientes a personas no atendidas.
Ante ello, se solicitó a la Agencia un informe de los aptos emitidos en 2025. Del cruce entre el sistema interno (GoMedisys) y el REPRE surgió una diferencia de 3.477 certificados cargados sin respaldo en atenciones reales, validándose como aptas a igual número de personas sin evaluación médica.
La Unidad de Investigación UDEC del CIF analizó los sistemas informáticos y cruzó bases de datos, lo que permitió vincular las maniobras con la empleada, quien cargó aptos médicos apócrifos en el sistema. Asimismo, se requirió información a entidades bancarias y plataformas digitales para el seguimiento de operaciones. La pericia contable detectó una desproporción entre ingresos declarados y movimientos en cuentas, con transferencias de terceros coincidentes con personas incluidas en los registros de la clínica.
