El Gobierno nacional negó un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión. El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal.
La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional. Además, distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.
De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.
Mientras que en el documento final de la marcha al Ejecutivo le achacaron que “incumple la regla democrática y constitucional básica” por no poner en marcha esa legislación, ya judicializada, desde el Gobierno alegaron que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no está firme hasta que se expida la Corte”.
Esa posición la señalaron tanto fuentes en off del gobierno de Milei como en una réplica de la Oficina de Respuesta Oficial en X.
El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal. Esto será clave para saber si avala o no la postura de la gestión Milei, que se ancla en que la legislación del Congreso no tiene especificado de dónde saldrían los fondos para el financiamiento. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada. Este martes a la tarde, el sistema universitario le pidió a la Corte que acompañe y que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.
A la vez que avanzaba la protesta y se acumulaban estudiantes, profesores, gremios y columnas políticas, el Presidente replicaba mensajes que se enfocaron en partidizar la discusión. “Posta que estallo que una vez por año marchan para que no cierren las universidades que nadie quiere cerrar”, fue uno de los tuits que avaló Milei, en este caso del propagandista Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan. Otro decía: “La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí. Y eso les duele”. Uno, todavía más tensionado, rezaba: “Hoy marcha de la oposición escudándose cobardemente en la defensa de la universidad pública. Los mismos de siempre haciendo lo único que saben hacer: intentar desestabilizar”
Desde el Ministerio de Capital Humano prefirieron enfatizar en la necesidad de auditar y “mostrar los números” de las universidades.
En el documento final de este martes -que firmaron el CIN, las universidades, la Federación Universitaria Argentina y distintas asociaciones gremiales del rubro- denunciaron que el financiamiento del sistema nacional es “crítico” y que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada de 45,6% entre 2023 y 2026.
Este martes a la mañana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -que tiene bajo su ala la cartera educativa-, cargó contra la UBA, la acusó de pedir 95% de la distribución del refuerzo para hospitales universitarios y aseguró que esa casa opta por mantener el financiamiento a cargo del Estado y no arancelar a estudiantes extranjeros, cuando -según el Gobierno- debe 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025. Asimismo, anunció el lanzamiento del “Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales” donde, aseguró, podrán consultarse la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado. La ministra prometió “datos actualizados y fehacientes”.
Este lunes, la gestión de Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi $2,5 billones, que incluyó un ajuste de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
En plena polémica por más recortes, desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aseveraron que estas adecuaciones presupuestarias “no representan una desinversión” sino que intentan garantizar “la eficiencia del Estado” y priorizar “el financiamiento directo a las instituciones y la mejora en los procesos de gestión sin afectar el funcionamiento educativo ni la investigación científica”. Refirieron incluso que la tijera -que se sintió como una provocación en la previa de la protesta- no pasó sobre la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Este martes, las redes de propaganda libertaria en X -que venían alicaídas en medio del escándalo Adorni- se activaron con material que buscó desacreditar la movilización. Por ahora, quien cultiva su silencio público (hasta en días tan tensionados como este) es el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
