Tras avanzar con la ley de bases, el presidente Javier Milei impulsará una nueva ley penal juvenil que baja de 16 a los 13 años la edad de imputabilidad de un menor, en un contexto en que la inseguridad se consolida entre las mayores preocupaciones de los argentinos, incluso por encima de la inflación: “Delito de adulto, pena de adulto”.
“Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación”, dijo el Ministerio de Justicia el viernes en un comunicado. “Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”.
Un día después de su victoria en el Congreso con la aprobación de un paquete de reformas para desregular la tercera economía latinoamericana, Milei encara un endurecimiento de la política criminal en un país que en las últimas décadas se ha caracterizado por aplicar una doctrina menos dura con la delincuencia.
“La ley (penal juvenil) que rige actualmente es de la década de 1980. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas”, argumentó la cartera de justicia.
El proyecto oficial establece que los menores de 13 a 18 años cumplirán sus condenas en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.
La pena máxima no debe superar los 20 años y al cumplirse los 2/3, el tribunal podrá disponer que “se continúe con algunas de las medidas alternativas”, que no fueron especificadas en el comunicado oficial.
