En el contexto político y económico argentino, la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de reinstaurar el impuesto a las ganancias para los trabajadores ha generado un amplio debate y ha sido considerada por muchos como una traición a sus promesas electorales. Esta medida, que afectará a aproximadamente 800,000 asalariados, se enmarca dentro de un paquete fiscal que, a su vez, contempla beneficios notables para las grandes fortunas, lo que ha suscitado críticas por su desproporción y por el impacto que tendrá en la clase trabajadora.
Durante su campaña, el actual presidente se presentó como un defensor de las grandes mayorías, prometiendo no elevar los impuestos. Sin embargo, su gobierno ha optado por la restitución de un impuesto que, bajo su consideración, es una “estafa” hacia los trabajadores. Este cambio de postura pone en tela de juicio la coherencia de su discurso político y despierta dudas sobre la sinceridad de sus propuestas para una mejor redistribución de la riqueza en un país caracterizado por profundas desigualdades económicas.
La transición del nombre del impuesto a “impuesto a los ingresos personales” no modifica sustancialmente la esencia de la medida. Este gravamen volverá a impactar a los trabajadores cuyo salario apenas supera el costo de la canasta familiar, aumentando la carga fiscal sobre quienes se esfuerzan por mantener un nivel de vida adecuado. Por el contrario, se observa una notable reducción del impuesto sobre bienes personales para los propietarios de mansiones, yates y aviones privados, que verán disminuir su tasa tributaria del 5% al 0.45%. Esta situación evidencia una política fiscal que parece favorecer a los más ricos en detrimento de la clase media y trabajadora.
Esta conducta indica una continuidad en las prácticas políticas que priorizan los intereses de las élites sobre los de la ciudadanía en general. Esto plantea un dilema ético y moral en la gobernanza, donde las decisiones fiscales deberían alinearse con una visión de justicia social y equidad.
Los opositores a esta medida subrayan que la restauración del impuesto representa un retroceso en las conquistas laborales y salariales alcanzadas en las últimas décadas. Un país que se dice comprometido con el desarrollo sostenible debe reconsiderar sus enfoques fiscales, buscando maneras de gravar de manera más equitativa, priorizando la reducción de la carga sobre los trabajadores y ajustando los tributos para aquellos cuyos ingresos les permiten contribuir de manera más sustancial al bienestar del estado.
La reimposición del impuesto a las ganancias para los trabajadores por parte del gobierno del mandatario, en contraposición a sus promesas electorales, plantea interrogantes sobre la dirección de su política económica y su compromiso con la justicia social. La evidente contraposición entre la carga fiscal impuesta a la clase trabajadora y los beneficios otorgados a las grandes fortunas refleja una preocupante tendencia que, si no se corrige, podría profundizar aún más la desigualdad en el país. La sociedad argentina merece un enfoque fiscal que premie no solo la creación de riqueza, sino también la dignidad y los derechos de quienes sostienen la economía a través de su trabajo diario.
