En el marco de una investigación penal por el delito de lavado de activos que lleva adelante el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, representada por el fiscal federal Federico Zurueta y los auxiliares Romina Verdur y Jorge Viltes Monier, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de esa provincia hizo lugar a la imputación contra siete personas vinculadas al clan de “Los Liquitay”, una organización narco criminal que operaba en el Noroeste Argentino.
Una de las implicadas es Deolinda Hayde Liquitay, hermana de Alberto Abel Liquitay, detenido junto a su hermano David Liquitay Choque el 12 de enero pasado. Ambos fueron imputados en ese momento por los delitos de “transporte de estupefacientes y lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado por su habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado”.
De acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), los dos son hijos de Alberto Estanislao Liquitay, fundador principal del clan, cuyas maniobras de tráfico datan de 1978 y consistieron en el transporte de droga desde La Quiaca (Jujuy) al sur del país, lo que se hacía ya sea por distintos vehículos, o bien, mediante el envío de encomiendas, entre otras modalidades. En 2020, Alberto Estanislao Liquitay falleció y el mando de la organización quedó en manos de Alberto Abel y de Liquitaya Choque, quienes continuaron con la empresa delictiva.
Además deDeolinda Liquitay, las imputaciones alcanzaron ahora a su pareja, Mario Gómez y a Brian Esquivel, Matías Gauto, Darío Giménez, Yesica Brenda Avendaño y Sabrina Saravia. Por otra parte, a pedido de la fiscalía, se dictó la captura nacional e internacional de otros dos implicados.
En función de los riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento procesal, la gravedad del hecho y la escala penal por encima del mínimo para una pena de ejecución condicional y las conexiones existentes entre miembros del clan con funcionarios de diversos organismos, los representantes del MPF solicitaron la prisión preventiva de todos los acusados,con excepción de Saravia y Avendaño.
El Juzgado Federal de Garantías N°2 de Jujuy hizo lugar a la prisión preventiva de cinco de ellos y ordenó queEsquivel, Gauto, Giménez y Gómez sean detenidos de inmediato y trasladados a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En cuanto a Deolinda Liquitay, se dispuso que cumpla la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario. Respecto aSaravia y Avendaño, se dictó la prohibición de salir del país y de no entorpecer el proceso.
La investigación
Al momento de presentar el caso, los representantes del Ministerio Público Fiscal resaltaron la colaboración brindada por la PROCUNAR NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba e integrada por el auxiliar fiscal, Jorge Viltes Monier y del equipo compuesto por Lucas Orte y Sebastián Russo.
La fiscalía explicó que la investigación comenzó el año pasado y que la tarea principal se concentró en detectar los nexos entre los acusados y, sobre todo, la vinculación con numerosos bienes y cuentas bancarias, lo que determinó la calificación principal del caso.
El trabajo realizado al respecto permitió, en enero pasado, la realización de 31 allanamientos y la detención de David Liquitay y Alberto Abel Liquitay. En ese momento, se secuestraron más de 20 automóviles, 12 camionetas, 7 camiones, 6 motos y 3 cuatriciclos.
También se congelaron varias cuentas bancarias, se procedió a la clausura de 6 locales comerciales y se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo, entre pesos argentinos, dólares, euros y pesos bolivianos, aspectos que fueron expuestos en detalles el 12 de enero pasado, al formalizar la investigación contra los “jefes” de la organización.
Posteriormente, y como resultado del avance de las pesquisas llevadas adelante por personal de Unidad de Procedimiento Judiciales Jujuy, de Gendarmería Nacional, se llevó a cabo otro allanamiento en mayo pasado, en donde se recolectaron más pruebas y se determinaron las nuevas imputaciones.
Además, de las vinculaciones de los acusados con los bienes incautados, las cuentas bancarias y los locales comerciales, se resaltó la relación de los mismos con diferentes casos de transporte de estupefacientes de la jurisdicción Salta y Jujuy.
Respecto a Deolinda Liquitay, los representantes del MPF mencionaron un antecedente de infracción a la ley 23.737 en 1996. Por su parte, Gauto, Gómez y Esquivel fueron condenados el 2 de agosto de 2023 por el Tribunal Oral Federal 2 de Jujuy por el transporte de 250 kilos de cocaína, que había salido de La Quiaca y fue interceptado en la ruta 16, en Santiago del Estero.
La fiscalía destacó el vínculo sentimental que, en distintos tiempos, mantuvo una de las hijas de Alberto Abel Liquitay con los imputadosGauto, Esquivel y Giménez, quienes cumplieron distintos roles dentro de la organización y, por ende, usufructuaron los bienes adquiridos a partir de las ganancias obtenidas por las maniobras de narcotráfico del clan. En similar sentido, se hizo foco en el vínculo afectivo que existió entre uno de los hijos de Deolinda con Saravia y Avendaño.
“Esta organización opera interjurisdiccionalmente,atento a que consigue choferes de la localidad de Salvador Mazza (Salta) y también registra domicilios en esa ciudad, como así también en la Quiaca y San Salvador de Jujuy”, sostuvo el fiscal Zurueta, quien explicó que los acusados realizan todo el circuito de la droga, desde su adquisición en la frontera con Bolivia, su paso a través de La Quiaca y, desde allí, a distintos puntos del país.
Por otro lado, remarcó que la confianza y los vínculos de familiaridad existente entre los miembros del clan permitieron que durante más de 40 años los investigados a partir de activos provenientes de ilícitos, administraran y adquirieran, por si o interpósita persona, bienes de gran valor que superan ampliamente los parámetros exigidos por la norma penal y se configuraran los agravantes de permanencia y organización.
