El Gobierno nacional dispuso una profunda reorganización dentro de la Residencia Presidencial de Olivos mediante la disolución de la Administración General del predio, traspasando la totalidad de la gestión administrativa, el control de accesos y la custodia del Jefe de Estado a la Casa Militar. La medida implica la desvinculación de trabajadores civiles bajo el argumento de reducir la estructura formal, ajustar costos e incrementar los estándares de eficiencia del recinto.
Desde el Poder Ejecutivo justificaron la centralización operativa amparándose en la necesidad de reforzar los protocolos frente a la escalada de inseguridad a nivel global y, de manera inmediata, de cara a los preparativos por la visita oficial a la Argentina del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Dado que la estadía papal requerirá el ingreso de personal externo para ejecutar obras y servicios de acondicionamiento en las residencias transitorias, el Gobierno estableció un plazo de 60 días para completar la transferencia integral de bienes y competencias a la órbita militar.
La medida encendió de inmediato la protesta del sector gremial estatal. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, denunció que las cesantías se ejecutaron sin justificación legal y anticipó medidas de fuerza: “Vamos a dar pelea contra estos despidos en todos los frentes porque acá no pueden manejarse a través de caprichos”.
