En el marco de una acalorada sesión que se extendió por más de once horas, la Cámara de Senadores de la Nación dio luz verde en general, por una ajustada diferencia de 37 votos afirmativos contra 33 negativos, a la iniciativa parlamentaria impulsada por el oficialismo para resguardar la propiedad privada. El texto contó con el respaldo clave de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores que responden a las provincias de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas, en un debate cruzado por fuertes contrapuntos políticos.
El núcleo central de la propuesta aprobada introduce un mecanismo de desalojo sumarísimo para acelerar la restitución de inmuebles, campos y terrenos ante situaciones de usurpación o tenencia precaria. La normativa establece que, al constatar la veracidad documental de la titularidad, la Justicia podrá intimar la devolución del bien en un plazo de 72 horas. En materia de arrendamientos urbanos y rurales con contratos incumplidos, el propietario quedará habilitado a intimar al inquilino por diez días para regularizar la deuda antes de iniciar un trámite expedito de resolución en diez días hábiles, previendo la intervención de organismos estatales de contención social en caso de haber menores o personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la iniciativa impone pautas de carácter restrictivo para las expropiaciones estatales, exigiendo una estricta fundamentación de utilidad pública y determinando que la transferencia de la propiedad no podrá hacerse efectiva sin el pago previo de la indemnización, la cual contemplará topes de actualización vinculados al Índice de Precios al Consumidor.
Para lograr el quorum y la aprobación general, el oficialismo debió realizar severos recortes al texto original. Durante la negociación de último momento en el recinto, fue retirado por falta de consensos el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, el cual buscaba derogar los plazos de restricción para el uso comercial de suelos afectados por incendios. Esta marcha atrás se sumó a la eliminación previa del articulado que flexibilizaba los topes para la venta de tierras rurales a inversores extranjeros.
El cruce de discursos reflejó la polarización de la jornada. Desde la bancada oficialista, sus principales referentes remarcaron la necesidad de simplificar las vías judiciales para evitar la victimización de los propietarios por la mora del sistema, recordando el impacto de las ocupaciones ilegales en los últimos años. En contraste, la oposición fundamentó su rechazo sosteniendo la inconstitucionalidad de los procedimientos exprés y cuestionando el impacto social de las reformas.
