El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que anule los beneficios sociales otorgados a extranjeros que no residen en el país. Según denunció, muchas personas cruzan la frontera únicamente para percibir asignaciones y pensiones, algo que consideró perjudicial para los jubilados que cobran la mínima y otros sectores vulnerables.
Esta medida se suma a la decisión anterior de cobrar por la atención en hospitales públicos a extranjeros sin residencia, una política que el gobernador defiende como necesaria para proteger los recursos locales.
Desde nuestro medio, salimos a las calles para conocer la opinión de los salteños:
“Estoy totalmente de acuerdo. El extranjero tiene que pagar por la salud, por el estudio, por todo lo que haga en nuestro país. Si nosotros vamos a otro país, tenemos que pagar hasta el agua que tomamos”, sostuvo una entrevistada.
Otra ciudadana afirmó: “Me parece bien porque en el país hay mucha gente que realmente lo necesita, y no es justo que otros usen esos recursos mientras los nuestros quedan desamparados”.
En la misma línea, otra persona opinó: “Cuando nosotros vamos a otros países, debemos pagar todo. Es justo que aquí ocurra lo mismo”.
Un entrevistado manifestó: “No tiene que haber barreras ni fronteras. Debería ser un sistema abierto y recíproco para todas las personas”.
Por su parte, otro ciudadano apuntó a irregularidades: “Me parece perfecto, sobre todo porque hay personas que presentan certificados truchos de discapacidad para cobrar beneficios”.
