En un giro alarmante en la política nacional, el presidente ha desatado un intenso debate tras la reciente promulgación del decreto 950/24, que autoriza la venta de Espacios de Memoria, sitios donde operaron Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura militar en Argentina. Esta medida, firmada también por el jefe de Gabinete Guillermo Francos el 24 de octubre de 2023, ha sido interpretada por muchos como un intento de borrar la memoria histórica del país y fortalecer una línea negacionista en el contexto de derechos humanos.
El decreto en cuestión otorga a la Administración de Bienes del Estado la potestad de “disponer, enajenar y/o transferir los inmuebles del Estado Nacional” que figuran en un anexo, el cual incluye 309 propiedades repartidas en 18 provincias. Entre los espacios más simbólicos que podrían estar en riesgo se encuentra La Perla, ubicado en Córdoba, conocido por su oscuro pasado como centro de detención y tortura. Asimismo, el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9) en Corrientes también está señalado en esta lista.
La decisión ha generado un fuerte rechazo no solo entre organizaciones de derechos humanos, sino también entre sectores de la sociedad que defienden la memoria histórica como un pilar fundamental para evitar la repetición de crímenes de lesa humanidad. Críticos del gobierno de Milei argumentan que la venta de estos espacios representa un ataque directo a la memoria colectiva y una falta de respeto a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura.
La controversia plantea interrogantes sobre los objetivos del actual gobierno y su posición frente a un capítulo doloroso de la historia argentina. Con la oposición y diversas organizaciones sociales organizando protestas y comunicados de repudio, la administración del gobierno se enfrenta a un desafío significativo en su intento de implementar políticas que, a juicio de muchos, desdibujan la memoria histórica del país.
El panorama político se complica aún más en un contexto donde la defensa de los derechos humanos es un tema sensible y crucial, lo que podría tener repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. La sociedad argentina observa atentamente este desarrollo, que podría marcar un antes y un después en la forma en que se abordarán cuestiones de memoria y justicia en el país.
