Mediante la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina quedarán excluidas de los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida exige la presentación de declaraciones juradas obligatorias en trámites del sector y fija un procedimiento sumario para que la Cancillería investigue e inhabilite a firmas infractoras y a sus socios.
En paralelo, el Gobierno alista el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta norma buscará modificar la Ley 26.659 para extender las sanciones comerciales a proveedores, directores y contratistas directos o indirectos de los proyectos en Malvinas, impidiéndoles operar tanto con el sector público como con el privado en todo el territorio argentino.
