Más de 200 entidades entre organismos de derechos humanos, colectivos dedicados a la infancia, centrales sindicales y universidades nacionales difundieron un documento conjunto en apoyo a la magistrada Marta Pascual, titular del fuero juvenil que ordenó frenar la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires. La resolución, que paralizó de forma preventiva la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad tras un hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, desencadenó duras arremetidas y advertencias de juicio político por parte de representantes parlamentarios del bloque La Libertad Avanza, postura que fue categorizada por las organizaciones firmantes como una embestida institucional contraria al principio de división de poderes y al sistema republicano.
Desde la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia, junto a referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), subrayaron que el fallo judicial expone la viabilidad técnica y presupuestaria de la norma, la cual pretendía instrumentarse sin el soporte financiero ni la infraestructura necesaria para garantizar el resguardo de las garantías constitucionales de los menores. Al mismo tiempo que la Fiscalía General de Lomas de Zamora elevó la primera apelación para girar el expediente a la instancia superior de revisión, los colectivos defensores de los derechos de niños, niñas y adolescentes remarcaron que el endurecimiento punitivo no resuelve los factores estructurales del delito e instaron a proteger la independencia de los magistrados frente a los ataques mediáticos y de redes sociales.
