El exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni afronta una semana clave en los tribunales de Comodoro Py. El próximo martes 22 de septiembre vence el límite fijado por la Justicia para que presente los descargos y la documentación requerida sobre el origen de su patrimonio, en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El expediente está radicado en el juzgado de Ariel Lijo y cuenta con el impulso del fiscal federal Gerardo Pollicita.
La fecha del 22 de septiembre quedó establecida tras el cómputo de los 15 días hábiles otorgados a la defensa como prórroga, luego de que venciera el plazo inicial dispuesto para agosto. El requerimiento de la fiscalía incluye un cuestionario de 20 preguntas y la entrega de comprobantes que justifiquen las inconsistencias detectadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), entidad que realizó el entrecruzamiento de las declaraciones juradas del exfuncionario con informes bancarios, migratorios, de la propiedad y de plataformas de criptomonedas.
Según la investigación judicial, desde su ingreso a la gestión pública en diciembre de 2023 hasta su dimisión a mediados de este año, Adorni y su esposa registran un desfase no justificado de más de $43 millones entre sus ingresos ($229.752.283,20) y sus gastos ($272.820.832). A esta diferencia se suman erogaciones no explicadas por unos 402.578 dólares destinadas a inmuebles, refacciones y mobiliario. La causa analiza la adquisición de un departamento en Caballito, una propiedad en el country Indio Cuá, la compra de un vehículo, prestamos familiares y operaciones con criptoactivos. Tras la recepción de las explicaciones, el fiscal Pollicita evaluará si existen elementos suficientes para solicitar la citación a declaración indagatoria del exjefe de Gabinete y su cónyuge.
