Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación que establece el acceso a los mercados aerocomerciales, la derogación de normas y la modificación del Código Aeronáutico.
El Gobierno Nacional comenzó con la desregulación del sector aerocomercial. A través del Decreto 599/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación que establece el acceso a los mercados aerocomerciales, deroga normas y modifica el Código Aeronáutico.
La medida impacta en las autorizaciones aerocomerciales para operar en territorio argentino. Las mismas serán otorgadas para realizar las actividades de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y/o de cargas, para servicios regulares o no regulares, realizados con aeronaves; para el trabajo aéreo y para los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general.
Se trata de una iniciativa que permite que haya más operadores de rampas y que cada aerolínea pueda elegir la empresa que le brinda el servicio. En la actualidad, Intercargo tiene la exclusividad y algunas aerolíneas, como Flybondi y American Airlines, se autoprestan.
Se va a permitir que las aerolíneas realicen los contratos que quieran, lo cual previamente se encontraba limitado. Ahora solo van a necesitar la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
“La actividad regulada por el presente reglamento se regirá por los siguientes principios: a) Libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles. b) Estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores. c) Desregulación tarifaria. d) Resguardo de la seguridad operacional. e) Vigilancia operacional continua de los servicios autorizados. f) Libertad en la fijación de frecuencias, en su caso, declarándolas inicialmente en su plan de negocios, para su análisis sujeto a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada. g) Intervenciones de la Administración Pública Nacional limitadas y eficientes, de carácter digital/electrónico, tendientes exclusivamente a la preservación de los principios enunciados precedentemente. h) Transparencia en la medición, asignación y utilización de la capacidad aeroportuaria”, indicó el Gobierno.
A su vez se incluyen “incentivos para la realización de nuevas rutas aerocomerciales y/o para la operación de nuevos transportadores”, el “acceso y asignación justa, con estándares internacionales, de los servicios y espacios comunes aeroportuarios, que permitan la libre competencia”; y el establecimiento de indicadores e índices de monitoreo atendiendo a la eficiencia operacional, la regularidad, la puntualidad y la planificación.
El decreto, que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo, instruye a las autoridades competentes para que “garanticen los principios de libre mercado y libre competencia, sujetas a las reglas de lealtad comercial, generando las instancias necesarias para evitar cualquier conducta monopólica por parte de un transportador, un operador de servicios aeroportuarios o de rampa en general y/o cualquier otro prestador del sistema de transporte aéreo”.
El Gobierno señaló que la reforma del Código Aeronáutico se aplicará teniendo en cuenta los estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, “procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los de los demás países del MERCOSUR u otras organizaciones internacionales”.
Las modificaciones incluyen también la reducción de los plazos de los procedimientos con el fin de evitar “dilaciones innecesarias y la duración indeterminada de los procesos, optimizando de esta manera los recursos de los que dispone la administración”. “Los trámites tendientes a reglamentar el acceso de operadores aéreos al mercado argentino deben sujetarse a los requisitos propios y exclusivos de la especificidad de la materia”, planteó el Poder Ejecutivo.
De esta forma, se insistió con la idea de “optimizar la infraestructura disponible” y de “una asignación eficiente de los recursos de forma imparcial, no discriminatoria y transparente”.
