La Corte de Justicia de Salta resolvió adecuar su estructura institucional ante la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en el marco de una reforma que incorpora el sistema acusatorio adversarial en la provincia.
La decisión quedó plasmada en la Acordada N° 14.637, donde el tribunal señaló que la puesta en marcha del nuevo régimen representa una política prioritaria, ya que redefine las funciones de jueces, fiscales y demás operadores judiciales bajo los principios de oralidad e inmediación.
Desde la Corte explicaron que este cambio exige una reorganización profunda de las estructuras internas y una coordinación entre los organismos que integran el sistema de justicia, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del nuevo modelo y una adecuada asignación de recursos.
En ese sentido, se dispuso avanzar en un esquema de colaboración con el Ministerio Público de Salta para reforzar su plantel técnico y administrativo, debido a las nuevas competencias que asumirá con la aplicación del código.
La adecuación contempla la posibilidad de reasignar recursos humanos y transferir cargos, tanto vacantes como ocupados, junto con sus respectivas partidas presupuestarias.
Asimismo, se remarcó que todo el proceso resguardará los derechos laborales del personal involucrado, incluyendo estabilidad, remuneración, antigüedad y situación de revista, sin afectar sus carreras dentro del Poder Judicial.
También se previeron mecanismos transitorios y futuros concursos para regularizar funciones, garantizando igualdad de oportunidades para los trabajadores alcanzados por la reorganización.
Finalmente, la Corte encomendó a las áreas de Recursos Humanos y Administración la puesta en marcha de las medidas necesarias para concretar la adecuación institucional.
