En un nuevo capítulo del conflicto presupuestario que atraviesa la educación superior, el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Ejecutivo nacional a cumplir, en un plazo perentorio de cinco días, con la medida cautelar referida a la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial exige la actualización inmediata de las remuneraciones del personal docente y no docente, así como la recomposición de las becas estudiantiles.
El magistrado fundamentó su decisión al verificar que la cautelar —dictada a fines de 2025, ratificada por la Cámara del sector y dejada firme por la Corte Suprema el pasado 25 de junio— no ha sido acatada en su totalidad por el Estado. Para garantizar el cumplimiento, la resolución contempla la eventual aplicación de astreintes, es decir, sanciones económicas fijadas por cada jornada de postergación.
El núcleo del reclamo judicial y gremial se centra en los artículos 5 y 6 de la legislación aprobada, los cuales regulan los esquemas de recomposición salarial y las becas. Según estimaciones del ámbito académico y sindical, el atraso acumulado alcanza un 31,2%, cifra que contrasta con el 3% ofertado por el Gobierno en la última mesa paritaria y rechazado por los gremios. Ante este escenario, la comunidad universitaria mantiene las medidas de fuerza y ratifica la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria programada para el 15 de octubre.
