El reciente anuncio de más de 50 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, que se suman a los cientos de despidos en el Ministerio de Justicia, constituye un duro golpe a la preservación de la memoria histórica en Argentina. Estos Espacios de Memoria, que fueron testigos de los horrores de la última dictadura militar, ahora se enfrentan a un escenario de incertidumbre y vacío de actividades clave.
La decisión del gobierno de Javier Milei de llevar a cabo esta nueva ronda de despidos masivos ha tenido un impacto directo en el funcionamiento de estos sitios emblemáticos. Desde las visitas guiadas y las actividades educativas, hasta las tareas de investigación, conservación y arqueología, todo se ve seriamente afectado. Estos espacios no solo cumplen una función conmemorativa, sino que también son fundamentales para el proceso judicial contra los perpetradores del genocidio.
La política negacionista del actual gobierno y la cercanía de la vicepresidenta con figuras vinculadas a los crímenes de la última dictadura, hacen temer por el futuro de estos Espacios de Memoria. La eliminación de personal clave pone en riesgo la continuidad de actividades que son cruciales para mantener viva la memoria y la conciencia colectiva sobre esos hechos traumáticos.
Más allá de los Espacios de Memoria, los despidos masivos también se han extendido a otras áreas clave, como el INADI, donde se conoce una reducción del 80% de la planta, y el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que ha sido absorbido por el Ministerio de Justicia. Esta situación evidencia una clara intención de desmantelar instituciones y programas fundamentales para la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad.
Los trabajadores afectados han convocado a una asamblea y una concentración en la Legislatura Porteña, buscando generar un espacio de solidaridad y organización para exigir la reincorporación de los despedidos. Es fundamental que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y las asambleas barriales se sumen a esta lucha, pues está en juego la preservación de la memoria y la justicia, pilares fundamentales de una democracia sólida.
En un momento en el que el país afronta múltiples desafíos económicos y sociales, la destrucción de estos espacios y la eliminación de personal clave en áreas sensibles representa un retroceso imperdonable.
La memoria y la defensa de los derechos humanos no pueden quedar a merced de los intereses políticos de turno. Es imprescindible que se tomen las medidas necesarias para revertir estos despidos y garantizar la continuidad de los Espacios de Memoria y de las instituciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos en Argentina.
Esta modalidad de “Política Económica”, solo esta repercutiendo en quienes más necesitan.
